El proyecto de Ley de Transición Ecológica obligará a compañías de todos los sectores a calcular su huella de carbono y a articular medidas para minimizarla
La lucha contra el cambio climático llega en Euskadi al día a día de las empresas. De todas o casi todas. Desde las grandes corporaciones industriales a los pequeños talleres, desde los comerciantes a las explotaciones ganaderas. La transición energética, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la descarbonización de la economía y otros conceptos ligados al combate climático dejan de ser asuntos exclusivos de administraciones, foros internacionales y grandes compañías. Llega la hora de socializar el esfuerzo, de que las grandes estrategias sobre el papel se trasladen a la actividad diaria de todo el tejido productivo. De la implicación de todos.
Así lo establece el anteproyecto de Ley de Transición Ecológica y Cambio Climático diseñado por el Gobierno Vasco, que entre otras cuestiones obligará a todas las administraciones y entes públicos y a compañías de todo tipo a calcular su huella de carbono (la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de su actividad) y a diseñar un plan específico de reducción de emisiones dirigido a minimizar su impacto ambiental y a articular las medidas necesarias para que este sea cero o negativo.
LA CLAVE
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Socialización: Todas las administraciones públicas, empresas industriales, de servicios, explotaciones ganaderas, e instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de aguas deberán elaborar un plan de reducción de emisiones dirigido a minimizar su huella de carbono y articular las medidas necesarias para que esta sea cero o negativa.
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Registro: Se creará un Registro de Iniciativas de Transición Energética y Cambio Climático, en el que los titulares de actividades públicas y privadas deberán inscribir sus compromisos para que consten públicamente. Habrá otra sección para la inscripción voluntaria de planes no obligatorios.
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Control: Se creará una Oficina vasca de Transición Energética y Cambio Climático, entre cuyos cometidos estará el seguimiento de los objetivos que persigue la ley y el control sobre el cumplimiento de la normativa.
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Edificación: Se potenciará la renovación y rehabilitación de edificios e instalaciones, públicos y privados, con el fin de reducir su consumo de energía y su huella de carbono. En las nuevas construcciones, se fomentará que sean de la máxima calificación energética posible.
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Ayudas: Se crearán instrumentos de financiación para favorecer la promoción de proyectos de eficiencia energética, energías renovables, y transporte eficiente y sostenible en todos los sectores económicos. También para mejorar la eficiencia energética en viviendas y para calefacción a colectivos vulnerables.
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Modernización: Se apoyarán nuevos vectores energéticos, como el hidrógeno verde; proyectos relacionados con la captura y almacenamiento de energía; la sustitución de combustibles intensivos en carbono; y será necesario transformar las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural en redes inteligentes.
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Hacia un entorno más verde: Se favorecerá el desarrollo y restauración de hábitats forestales, prados y pastos, zonas húmedas, praderas marinas y entornos urbanos verdes para que actúen como sumideros de carbono.
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Impuestos: Deberán gravarse las actuaciones que hagan aumentar la vulnerabilidad o incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero, e incentivar fiscalmente las de signo contrario.
El anteproyecto se encuentra aún en fase de consulta pública. La intención del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco que dirige Arantxa Tapia (PNV) es aprobar el texto en el Consejo de Gobierno durante el primer semestre de este año para posteriormente remitirlo al Parlamento Vasco y que pueda ser aprobado definitivamente antes de que termine 2022. Como anteproyecto, está sujeto aún a posibles modificaciones, pero la línea que marca es ya clara.
La nueva regulación supondrá un esfuerzo suplementario para miles de compañías, sobre todo las más pequeñas, que el Ejecutivo entiende como condición indispensable para lograr el objetivo que se ha marcado Euskadi de alcanzar la neutralidad climática en 2050 como muy tarde.
Un reto que conllevará transformaciones de calado que precisarán grandes inversiones, como el impulso de las energías renovables con nuevos parques eólicos y plantas solares, de la economía circular, de la reutilización de residuos a través de nuevas plantas de recuperación, etc., pero que necesitará al mismo tiempo de la aportación de todos y cada uno de los ciudadanos y empresas.
El anteproyecto deja claro que la lucha climática concierne a todos, hasta el punto de que dedica un artículo a cada sector económico, en los que desarrolla las líneas maestras y objetivos que deben marcar las políticas públicas enfocadas a que estos sectores alcancen la neutralidad climática. Así, el 19 está dedicado a las instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de aguas, el 20 a la industria, el 21 al comercio, turismo y otros servicios, el 22 a las actividades agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras, el 26 a la edificación y rehabilitación de edificios, y el 27 a las infraestructuras y equipamientos públicos.
Pero lo novedoso es que también marca obligaciones para estas actividades, explicitando que las empresas industriales, de servicios, explotaciones ganaderas, e instalaciones de gestión de residuos y tratamiento de aguas deberán elaborar un plan de reducción de emisiones con medidas concretas.
El propio texto ofrece algunas pautas comunes, como el uso de fuentes de energía renovable y el fomento de la eficiencia energética, o la incorporación de la economía circular en los procesos productivos y comerciales. Pero también baja al detalle en algunos casos, como cuando en el sector primario habla de una «utilización racional de fertilizantes químicos, sustituyéndolos por otros de origen orgánico».
Ayudas e impuestos
El Gobierno Vasco asume que el sector público debe jugar un papel principal en la transformación económica que plantea, por lo que la ley ya prevé que deberá haber partidas económicas para coadyuvar en ese proceso. Así, se contempla «apoyar nuevos vectores energéticos procedentes de energía renovable, como el hidrógeno verde, así como proyectos relacionados con la captura y almacenamiento de CO2».
Del mismo modo, «se crearán instrumentos de financiación para favorecer la promoción de proyectos de eficiencia energética, energías renovables, y transporte eficiente y sostenible en todos los sectores económicos». También «para mejorar la eficiencia energética en viviendas y para calefacción a colectivos vulnerables».
Los detalles de estas eventuales ayudas deberán concretarse con posterioridad en los diferentes desarrollos reglamentarios y planes sectoriales que complementen a la ley.
La futura norma también aborda otras cuestiones relacionadas con la sostenibilidad, como la promoción de la movilidad sostenible, el impulso de la I+D+i en este ámbito, o el desarrollo y restauración de hábitats forestales, prados y pastos, zonas húmedas, praderas marinas y entornos urbanos verdes para que actúen como sumideros de carbono.
Y no olvida una cuestión que lleva tiempo sobre la mesa: la implantación de tasas adicionales a actividades que contribuyan a elevar los niveles de contaminación, como el depósito de residuos en vertederos en lugar de en plantas de recuperación o reciclaje para que «no salga má barato verter que reciclar». El texto ya anticipa que «deberán gravarse las actuaciones que hagan aumentar la vulnerabilidad o incrementen las emisiones de gases de efecto invernadero», e incentivar fiscalmentelas de signo contrario.
Un registro público para el seguimiento y control de los compromisos adquiridos
El embrión de lo que será la Ley vasca de Transición Ecológica y Cambio Climático es ambicioso. No se limita a marcar una serie de obligaciones a administraciones y empresas para que todas ellas contribuyan al objetivo de hacer de Euskadi una sociedad climáticamente neutra en 2050. Para asegurarse de que todos hacen los deberes, la norma contempla también la creación de dos figuras que permitirán evaluar las propuestas y que exista un seguimiento y control de los compromisos que cada entidad haya adquirido.
Por un lado se creará una Oficina de Transición Energética y Cambio Climático, entre cuyos cometidos estará el seguimiento de los objetivos que persigue la ley y el control sobre el cumplimiento de la normativa. Además de su labor de observación y documentación, será el órgano encargado de inventariar las emisiones en Euskadi y las proyecciones futuras, fijar los posibles escenarios climáticos que servirán como referencia para elaborar instrumentos de planificación, promocionar actividades de divulgación y comunicación, o coordinar a los diferentes estamentos del sector público y a estos con la Red vasca de Ciencia y Tecnología.
En paralelo, se creará un Registro de Iniciativas de Transición Energética y Cambio Climático, en el que los titulares de actividades públicas y privadas obligados a ello deberán inscribir sus compromisos para que consten públicamente. Habrá otra sección para la inscripción voluntaria de planes no obligatorios.
La presencia en este listado, que será gratuita, conllevará para los titulares una serie de beneficios, como la aplicación de exenciones o bonificaciones en el pago de tasas ambientales e impuestos; su posible uso como criterio de adjudicación de contratos públicos o a la hora de valorar candidaturas en procesos de concesión de ayudas o subvenciones por parte de la administración; o para el otorgamiento de reconocimientos públicos.